La voluntad del no querer

El pasado veintinueve de enero, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) publicó un auto de inadmisión a trámite del recurso de amparo presentado por una implicada en la Operación Wall. A través de esta operación policial, la Audiencia Nacional inició un procedimiento penal contra más de 180 taiwaneses implicados en una red internacional de estafas, en el cual se solicitó por parte de las autoridades chinas la extradición de estos nacionales para su correspondiente enjuiciamiento ante los órganos jurisdiccionales chinos.

La recurrente reclamaba amparo ante el TC porque sostenía la inminente pérdida de garantías procesales a las que se vería sometida al ser enjuiciada por los tribunales chinos. Así mismo, entre los motivos del amparo, se detallaban principalmente la denegación de un juicio justo y el sometimiento a penas inhumanas y degradantes, y la desproporcionalidad de la pena a la que sería sometida. Este último motivo se sustenta en la previsión del Código Penal Chino de una pena de prisión abstracta de diez año a cadena perpetua para el delito de estafa.

Ante este recurso, el TC constituido en pleno ha decidido, de manera no unánime, proceder a inadmitir mediante auto el presente recurso de amparo, lo cual ha resultado en dos votos particulares, uno de la Vicepresidenta del mismo, Doña Encarnación Roca Trías, y otro del magistrado Don Juan Antonio Xiol Ríos. Tanto del acuerdo del Pleno para inadmitir el recurso como de los dos votos particulares emitidos se deduce una serie de cuestiones que han de ponerse de manifiesto para entender la decisión del Alto Tribunal.

En primer lugar, cabe destacar una cuestión que comparten los dos magistrados disidentes de la opinión mayoritaria, y es la errónea forma de obviar la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo presentado. La opinión mayoritaria acababa por obviar este elemento partiendo de la exclusión de ciertos motivos del recurso por observarse la no apreciación de la lesión de ciertos derechos alegados —como pudo ser el derecho al secreto de las comunicaciones alegado por la parte recurrente y cuya vulneración no se aprecia por el tribunal—. Sin embargo, aquí ambos magistrados disidían argumentando con mucho acierto la importancia que mostraba el recurso en su conjunto, más allá de los motivos individualizados que conformaran el instrumento legal utilizado para solicitar la atención del órgano constitucional. Así, nos hacen ver como el art. 50.1 b) de la LOTC, norma que regula el procedimiento que ha de seguirse para poder tramitarse el recurso de amparo entre otras cosas, establece que la apreciación de la existencia o no de la lesión no será determinante para admitir o no el recurso de amparo, pues la existencia de la lesión no interviene en la especial trascendencia constitucional del mismo. Esto se debe a que la jurisprudencia del TC, como esclarece el magistrado Xiol Ríos, concluye que la especial trascendencia constitucional del recurso ha de darse en su conjunto, sin importar la exclusión de diversos motivos concretos, como pudo ser la observación de la inexistencia de la lesión jurídica —véase STC 2/2012, de 14 de enero, FJ 3—. Por tanto, la verosimilitud de la lesión se excluye como requisito necesario para la admisión del recurso y, en palabras de Arroyo Jiménez,

El actual art. 50.1 b) LOTC exige que el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional. […] Por un lado, lesión y trascendencia objetiva son propiedades lógicamente diferenciables en un recurso de amparo…”.

Este tratamiento del juicio de admisibilidad del recurso que hace el Pleno nos plantea una situación curiosa. Primero porque el TC resalta en la resolución que se requiere la constitución del pleno del mismo por la novedosa relevancia constitucional planteada, la relación del caso con la prisión permanente revisable. Y segundo, porque el mismo tribunal que afirma la necesidad de tomar una decisión con el suficiente respaldo jurídico formal, actúa de manera deficiente al evaluar los extremos que se les plantean. Hago mía la afirmación que hace el magistrado Xiol Ríos en cuanto a que “… la práctica del Tribunal Constitucional consistente en inadmitir recursos de amparo mediante auto por razones de fondo el único efecto que tiene en la mayoría de los casos es la que considero indeseable exclusión de la intervención del Ministerio Fiscal en la conformación de la voluntad y opinión de presente Tribunal sobre asuntos siempre controvertidos.” Ello certifica lo que muchos pensamos al leer este tipo de resoluciones, y no es más que mostrar nuestra indignación por la evasión del órgano constitucional que debe velar por las garantías constitucionales en cuestiones conflictivas o polémicas que afectan a nuestra vida jurídica —véase los AATC 155/2016, de 29 de septiembre y 40/2017, de 28 de febrero, entre otros—. En este caso concreto, el TC ha mostrado una conducta reacia a enjuiciar y evaluar la cuestión que se les presenta, pudiendo asentar precedente en la doctrina jurisprudencia del mismo, pasando incluso a asentar las bases del juicio de constitucionalidad del RI Núm. 3866/2015 planteado frente a la prisión permanente revisable.

Junto con estos elementos, hay que tener en cuenta una serie de interpretaciones que hace el TC en cuanto se refiere a desvirtuar las vulneraciones o lesiones alegadas por la recurrente. Así mismo, hace un uso reiterado y cuestionable del concepto jurídico indeterminado de “inexistencia manifiesta”, así como del concepto “carácter indeterminado y abstracto, donde sí he de pararme y manifestar la disidencia de los magistrados. Aunque la jurisprudencia del TC deja claro que para proceder a declarar inexistente una lesión, esta inexistencia ha de ser patente, clara y notoria, tal y como refleja el órgano constitucional en el ATC 52/1980, en su FJ 2, el Pleno observa esta inexistencia en las lesión alegadas sobre el derecho a tener un proceso con las debidas garantías, invirtiendo la carga de la prueba sobre la recurrente, aun cuando es el estado solicitante de la extradición, la República Popular China, quien ha de demostrar que las acusaciones de déficits de garantías procesales son falsas. Sin embargo, el Pleno haciendo uso de la expresión “carácter indeterminado y abstracto” rechazó la existencia de dicho riesgo, haciendo caso omiso a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en su STEDH de 21 de enero de 2011, establece que no bastará con que el estado requerido presente documentos internos o tratados internacionales aceptados que garanticen la protección y el respeto por los DDHH, cuando fuentes fiables certifiquen las prácticas llevadas a cabo por las autoridades en cuestión, y en este caso, diversos organismos internacionales atestiguan exactamente esto —véase las declaraciones de International Transparency, Human Rights Watch o Freedom House—. Ello cuestiona seriamente la inobservancia del tribunal de esta vulneración en potencia de los derechos fundamentales derivados de la tutela judicial efectiva de la recurrente, y de la posible aplicación de la Doctrina Dublín, consistente básicamente en la no entrega de los extraditados.

Podríamos seguir entrando a refutar las consideraciones e interpretaciones del Alto Tribunal, que no son pocas pues sólo hemos analizados las más llamativas y polémicas, pero me gustaría finalizar reflexionando acerca de lo que entraña el conjunto de actuaciones desarrolladas por este órgano constitucional en el seno de este procedimiento constitucional. Así, hemos sido testigos de la voluntad del TC en algo más que llevar a cabo el análisis de admisibilidad de un simple recurso de amparo, hemos observado como el TC rehúsa ahondar en la realidad constitucional de un instrumento previsto para ello, como evita poner el acento en lo relevante y polémico, como acude a los vacíos e indeterminantes jurídicos para eludir su responsabilidad de pronunciarse, como selecciona a su beneficio la jurisprudencia de los tribunales regionales europeos sin tener en cuenta el contexto o la realidad interna del conflicto y como prefiere mantener la discordia entre los ordenamientos jurídicos nacional e internacional, a fin de no entrar a actualizar nuestras fuentes jurídicas y convergerlas con la realidad social que impera. Hemos presenciado la voluntad del no querer.

Autor: José Antonio Imbernón Paniagua

@JoseImbernon1

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